Durante años, el alzhéimer ha sido sinónimo de diagnóstico tardío y pocas opciones más allá de los cuidados. Ahora, el escenario empieza a moverse: la llegada a la sanidad pública de un tratamiento capaz de ralentizar la progresión en fases iniciales abre una nueva etapa —con esperanzas reales, pero también con límites, requisitos y mucha logística por delante.
El punto de inflexión lo han marcado los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el beta-amiloide, una de las proteínas que se acumulan en el cerebro de las personas con alzhéimer. Entre ellos, lecanemab ha sido el primer fármaco de su clase en recibir autorización en la Unión Europea para personas con deterioro cognitivo leve o demencia leve por alzhéimer y con biomarcadores compatibles. Su llegada implica un cambio de paradigma: tratar antes, confirmar el diagnóstico con pruebas específicas y asumir un seguimiento estrecho para minimizar riesgos.
La autorización europea se apoya en resultados de ensayos clínicos que muestran una reducción moderada del deterioro cognitivo en pacientes seleccionados. No se trata de una cura, ni revierte la enfermedad, pero sí puede traducirse en meses de autonomía adicional en algunas personas. “Por primera vez hablamos de modificar el curso de la enfermedad en un grupo concreto de pacientes, siempre que se detecte a tiempo”, explica la neuróloga María del Mar Ruiz, especialista en demencias en un hospital público de Madrid. “La clave es la selección adecuada y el seguimiento; si se promete más de lo que ofrece, se generará frustración”.
¿Qué significa “pacientes seleccionados”? Que el tratamiento está indicado para quienes se encuentran en fase inicial y, además, presentan evidencia de patología amiloide mediante pruebas como PET amiloide o análisis de líquido cefalorraquídeo. En la práctica, esto obliga a reforzar las rutas de diagnóstico precoz, ampliar el acceso a biomarcadores y reducir tiempos de espera en consultas de memoria, un reto especialmente relevante en comunidades con menor disponibilidad de neuroimagen avanzada.
El tratamiento se administra por vía intravenosa y requiere una pauta periódica y controles. El principal foco de seguridad son las llamadas ARIA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide), que pueden manifestarse como edema o microhemorragias cerebrales detectables en resonancia magnética. Por eso, los protocolos incluyen resonancias seriadas, especialmente durante los primeros meses. El riesgo aumenta en determinados perfiles, como portadores del alelo APOE ε4, lo que añade otra capa: la conversación sobre pruebas genéticas y el consentimiento informado.
Desde el punto de vista clínico, el desembarco de estos fármacos obliga a reorganizar circuitos asistenciales: neurología, radiología, enfermería de hospital de día y atención primaria deberán coordinarse para que el paciente no se pierda en el laberinto. “No es solo ‘poner un suero’; es un modelo de atención distinto, con más tecnología diagnóstica y monitorización estrecha”, señala el geriatra y divulgador clínico Javier Sanz. “Si se hace bien, puede mejorar el pronóstico funcional; si se hace deprisa o sin recursos, se tensionará el sistema y se comprometerá la seguridad”.
En España, la demanda potencial es alta: el alzhéimer es la causa más frecuente de demencia y afecta a cientos de miles de personas, con un impacto directo en cuidadores y en la economía doméstica. Sin embargo, el número de candidatos reales al tratamiento será menor por los criterios de elegibilidad, comorbilidades y contraindicaciones (por ejemplo, el uso de anticoagulantes puede aumentar riesgos). En paralelo, se abre una discusión social: cómo priorizar, cómo garantizar equidad territorial y cómo medir el beneficio en vida real, más allá de los ensayos.
También cambia el lenguaje: el diagnóstico temprano gana valor. Hasta ahora, muchas familias evitaban iniciar un proceso que parecía conducir a un callejón sin salida. Con una opción terapéutica disponible, aumentará previsiblemente la búsqueda de evaluación ante los primeros síntomas: olvidos persistentes, dificultades para planificar tareas habituales, problemas de orientación o cambios en el rendimiento cognitivo. Los expertos insisten en que no todo olvido es alzhéimer y que ansiedad, depresión, trastornos del sueño o déficits vitamínicos pueden simularlo; por eso, la evaluación debe ser médica y completa.
Las asociaciones de pacientes celebran el avance con cautela. La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) viene reclamando desde hace años más diagnóstico precoz, apoyo a cuidadores y recursos comunitarios. La incorporación de terapias modificadoras añade urgencia a esas reivindicaciones: sin servicios de memoria accesibles, biomarcadores y seguimiento, el beneficio se quedará en papel.
El cierre, por tanto, no es triunfalista, pero sí significativo: el alzhéimer entra en una fase en la que tratar antes puede marcar diferencias medibles. La gran pregunta ya no es si habrá tratamientos, sino si el sistema está preparado para desplegarlos con seguridad, equidad y transparencia. Para las familias, el cambio es tangible: aparece un margen de tiempo —modesto, pero valioso— que puede traducirse en más decisiones compartidas, más planificación y, sobre todo, más momentos de vida cotidiana conservados.
